Maffeis, María Teresa

 

María Teresa Maffeis

Profesora de Historia-Universidad de Buenos Aires

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1946-1955: La Proyección de la Dignidad como Valor Colectivo

La democratización de la prosperidad basada en la Justicia Social. Este es el enfoque que María Teresa Maffeis propone para dejar atrás la remanida y formal concepción de la democracia basada solo en derechos civiles, que, por lo demás, nunca se habían cumplido  en la realidad.

Hechos concretos, detallados claramente, configuran esta visión superadora de los limitados, individualistas y mezquinos cánones liberales que prevalecían hasta 1943. La dignidad, como afirma, pasa a ser un valor colectivo y eso es la verdadera democracia.

Lo indeleble del legado y su dificultad para que se desvanezca, también es un valor apuntado por la autora y perfectamente verificable en la realidad. Hay conquistas sociales hoy, que no pueden volver hacia atrás y esto se debe al Peronismo.

 

 

No es la filantropía, ni es caridad, ni es limosna, ni es solidaridad social, ni es beneficencia. Ni siquiera es ayuda social…  Para mí es estrictamente justicia.                                                                                                                                                                                        

La Razón de mi vida”. Eva Perón. cap. XXXII

“El hombre y la mujer, cualquiera sea su condición, tiene un supremo derecho: la defensa de su dignidad”.                                                                                                                                                                                       

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales” UBA. Juan D. Perón, 19 de junio de 1951

 

“Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba.”    

Tierra sin nada, tierra de profetas.” Raúl Scalabrini Ortiz. 1946

 

 

La Nueva Argentina, imagen de una nueva era, ideal de una próspera realidad futura al amparo del Estado, expresaba el compromiso con prioridades fundamentales tales como una perspectiva de equidad o una visión de justicia económica. Se perfiló durante la gestión de gobierno del general Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955, tiempo en el que el avance en la democratización del bienestar se plasmó en la legitimación constitucional de los derechos de los ciudadanos y se consolidó como un legado difícil de desvanecer.

Con mayor extensión, profundidad y precocidad que en otros países de América Latina y posibilitados por el contexto económico de sustitución de importaciones, los principios de un Estado garante de bienestar se desarrollaron en Argentina. Así quedaron expresados en los Planes Quinquenales que constituían un corpus armónico de interacciones pensadas de modo integral.  Se trataba de un programa grande, para el futuro, con eje en la inclusión social en el que se advertía, acorde a las tendencias de la época, la racionalidad a la que recurrió el Estado al hacer uso de la planificación como herramienta fundamental para producir transformaciones económicas y sociales.

Con la crisis mundial de 1930, Argentina vio colapsar el modelo agroexportador que en particular afectaba las zonas agrícolas de gran producción para el comercio exterior: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Las medidas adoptadas por los gobiernos conservadores de la época conmovieron el orden económico. Comenzó la sustitución de importaciones y con ella el éxodo rural traccionado por la multiplicación de puestos de trabajo en la industria. En simultáneo, como señala Caimari [2009:7], “el imán de las grandes ciudades se explica por su coincidencia con un ciclo rural expulsivo” que combinaba el reemplazo de la mano de obra por la tecnología, el fin de las colonias agrarias inmigrantes y la declinación del arriendo. De tal modo entre 1937 y 1947, un millón de provincianos arribaron a la ciudad de Buenos Aires y a su conurbano. Esos migrantes de la pampa gringa, poco sindicalizados, acompañaron el origen del peronismo.

Desde el 1° de diciembre de 1943 el coronel Juan Domingo Perón era titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión recién creada, reteniendo el cargo de secretario de Guerra. La cuestión social era el eje de acción de la Secretaría: salarios, sistemas de jubilaciones, higiene industrial, vivienda, migraciones, desocupación y población indígena. Todos estos temas los encuadró en una posición innovadora: el justicialismo, expresión de fortalecimiento de la mediación entre el capital y el trabajo, en el que la industria operaría como cimiento del proceso de desarrollo y cuyos bienes serían participados a través de una estrategia distributiva.

Acerca del coronel Perón, “Argentina Fabril”, órgano oficial de la UIA, destacó en 1943 sus “ideas claras y razonadas demostrando estar al corriente de las causas que provocan los conflictos entre el capital y el trabajo”. Desde otro ángulo, así explica Torrado [2007:41-42] la situación: “Se impulsa una industrialización sustitutiva basada en el incremento de la demanda de bienes de consumo masivo en el mercado interno, la cual es generada a través del aumento del salario real. El modelo requiere así medidas redistributivas del ingreso que impulsan la demanda interna y la ocupación industrial y, por lo tanto, la acumulación.”

En este marco, la figura del coronel se fue asociando con las demandas de los trabajadores y de los sectores populares quienes, de manera “trasgresora” y auténtica, fundaron la Nueva Argentina aquél 17 de octubre de 1945 reivindicatorio de la justicia social y de aquél liderazgo que proponía un nuevo contrato. Perón había auscultado sus necesidades, se había compenetrado de sus problemas, particularmente de aquellos que afligían a la mayor parte de la población. La intuición popular vio inmediatamente en él al hombre capaz de concretar positivamente las reivindicaciones colectivas.

Así entonces, entre el 45 y el ’48 el ingreso se distribuye en partes iguales entre el capital y el trabajo. Y cuando en años posteriores la situación económica se presentó desfavorable, el gobierno peronista se encargó de atenuar su impacto en los salarios de los trabajadores. En 1954 se registró el punto más alto de participación histórica del salario en el PBI: 51%. Entre 1945 y 1955 se logró prácticamente el pleno empleo y la superación de las tasas de inflación, en particular la estabilidad de los precios de la canasta básica de alimentos, lo que produjo una mejora del salario real.

Finalmente el desplazamiento de los migrantes del interior al conurbano bonaerense significó una mejora en sus remuneraciones y, a su vez, el corrimiento de los estratos obreros hacia mejores posiciones. Tal como observa Torrado [2007:44-46] la movilidad ocupacional ascendente fue simultánea al ascenso en la escala de ingresos, lo que fue producto de una “dinámica relativamente modernizadora e incluyente”. Además, los datos censales entre 1947 y 1960 advierten la vitalidad del sector secundario, con ocupaciones de clase media, y revelan la ubicación mayor en empleos de este sector que en los correspondientes a obreros y cuentapropistas.

En la medida en que la estructura económica se transformaba, fueron alcanzando preponderancia los sindicatos de industrias que en etapas anteriores tenían escasa manifestación. Durante el período de tiempo que nos ocupa, la afiliación pasó a ser masiva estimulando un involucramiento de los trabajadores a través de sus organizaciones con el mundo político, lo que excedía el ámbito de los reclamos laborales y los colocaba en la ejercitación de los poderes públicos y en la consideración de “columna vertebral” del movimiento peronista.

Tres señalamientos de Doyon [2002:362-377] dan cuenta de esta jerarquización de los trabajadores. Desde mayo del ’44 a agosto del ’45 se firmaron 700 convenios entre sindicatos y empresas al amparo de la Secretaría de Trabajo, (cifra elocuente frente a los 400 firmados entre 1941 y 1943). De 877.330 afiliados en 1946 se pasó a 2.256.580 en 1954. El Estado se convirtió en “una instancia política a la que podían recurrir los trabajadores para equilibrar las relaciones de fuerza en el mercado de trabajo”.

La misma autora, entiende que con la crisis económica que alcanzó su agravamiento en 1951, el gobierno produjo un “giro conservador” desmovilizando toda intención de huelga. A esta situación agrega el proceso de burocratización de las estructuras sindicales, aunque la interacción de la organización de los trabajadores se mantuvo gravitante: Perón llegó a la segunda presidencia con el 62% de los votos compuesto por 4.745.157 de sufragios y un contundente apoyo electoral de los trabajadores. La extensión de jubilaciones de 481.837 en 1943 a 2.317.946 en 1947 [Torre y Pastoriza 2002:288], el aguinaldo, las vacaciones pagas y aún una medida limitada de pensiones no contributivas, entre otras disposiciones, completaban y ensanchaban el horizonte previsional y de mejora de la calidad de vida[1].

Con respecto a los trabajadores rurales, tempranamente el peronismo introdujo legislación que les aseguró salarios mínimos, permanencia en el empleo y cobertura sindical. También se legalizaron esas retribuciones a mediados de 1944 con la sanción del Estatuto del Peón.

La incorporación de los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura a la Constitución de 1949 da cuenta de que la democratización social se ocasionó con la intervención deliberada de un Estado que legitimó el acceso a los bienes culturales y a las condiciones materiales de bienestar, ya puestas en marcha y, esencialmente, a la proyección de la dignidad como valor colectivo.

 

En materia de vivienda el peronismo en el gobierno sostuvo las medidas de congelamiento de los alquileres y prohibición de desalojos iniciada durante el gobierno de Castillo. Aquellas se completaron con la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal sancionada el 13 de septiembre de 1948 que admitía la propiedad privada de las unidades locativas de vivienda, oficinas y comercios sobre tierra compartida.

El cuarto censo nacional realizado en 1947 arrojaba un déficit habitacional de 650.000 unidades sobre una población total de 15.893.827 habitantes, frente a lo cual el gobierno dispuso la oferta de crédito accesible para la construcción de viviendas a través del Banco Hipotecario Nacional. Ese crédito se cuadriplicó en relación con lo otorgado durante el período de sesenta años anterior a 1946.

Otra línea política de vivienda fue la construcción por parte del Estado de complejos habitacionales en todo el territorio nacional. Ya en el exilio Perón [1958:18] recordaba: “Solo durante el Primer Plan Quinquenal (1946-1952) se construyeron 350.000 viviendas para obreros en toda la República. En el segundo Plan Quinquenal, hasta 1955, se llevaban construidas más de 150.000. Así los trabajadores que antes vivirán en conventillos sucios y hasta diez en cada pieza, comenzaron a ser propietarios de su casa y a vivir decentemente”. Los complejos habitacionales realizaron el derecho al uso del espacio público facilitando las interacciones barriales en sectores populares, marginados hasta ese momento del fortalecimiento de la sociabilidad.

Entre 1945 y 1955 el 0,3% del PBI se aplicó a la política pública de vivienda contra el 0,05% de promedio de los años anteriores y el 0,03% de los posteriores [Hintze 2006]. Schteingart y Broide [1974:69] afirman que: “Durante los gobiernos peronistas se evidencia la mayor productividad de viviendas registrada en el país y, al mismo tiempo una activa participación del Estado en ese sector en relación con otros períodos… Buenos Aires no registró en la etapa de mayor industrialización y afluencia inmigratoria, un proceso de “marginalización” de los grupos bajos equivalente”[2].

 

En materia educativa la gestión del peronismo 1946-1955, a la vez que continuó la tendencia de disminución del analfabetismo, estimuló la escolarización primaria y notablemente amplió la matrícula en la secundaria que aumentó al 11,4% anual [Caimari 2009:13].  El crecimiento de la matrícula en las escuelas de enseñanza técnica (de 20.598 en 1930 a 175.881 en 1955 [Torre y Pastoriza [2002:298]) fue motivado en línea con la intencionalidad del Estado en promover el desarrollo industrial, la modernización y, prácticamente, garantizar la salida laboral a sus estudiantes. En ese sentido también es destacable la creación en 1952 de la Universidad Obrera Nacional, sumándose a las de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Litoral y Cuyo.

 

En el ámbito de Salud Pública es reconocida la administración del primer ministro de Salud, Ramón Carrillo, quien planteó una política sanitaria asentada sobre los siguientes principios: a. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad; b. No puede haber política sanitaria sin política social; c. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados. Ello es una manifestación del encuadre articulado de cada sector con la acción general de gobierno así como de la presencia de un proyecto integral que, diseñado en el Plan Analítico de Salud Pública de 1946, por primera vez en Argentina concibe desde la arquitectura hospitalaria y la docencia en hospitales hasta el estímulo a las acciones de prevención, para la salud del conjunto social.

Las medidas de ese plan lograron actuar sobre las enfermedades endémicas de las zonas más pobres del país (prácticamente desaparecieron el paludismo, la tuberculosis, la sífilis y la lepra), así como las campañas de vacunación antivariólica y antidiftérica alcanzaron los pueblos más aislados y distantes y de las 4 camas cada 1000 habitantes existentes en 1946 se pasó a 7 camas cada 1000 habitantes en 1954, para mencionar sólo algunos de los resultados positivos de la implementación.

El proyecto universalista de Carrillo se vio limitado por la acción de las obras sociales de los sindicatos y, a su vez, complementado con la tarea de “rectificación social” desarrollada por Evita desde la Fundación Eva Perón. Numerosos centros materno infantiles, hogares para ancianos, proveedurías, sistemas de becas y subsidios, hospitales, hogares escuela, ciudades estudiantiles, colonias de vacaciones y mecanismos de ayuda directa, fueron algunas instituciones concretadas por la Fundación para la atención a los más desprotegidos.

 

En otro aspecto, a través del uso de la transmisión radial para el deporte, el radioteatro y hasta el mensaje peronista; o mediante el “desembarco” institucional del gobierno nacional materializado en centros de atención permanentes tanto como en trenes sanitarios, el aprovechamiento del espacio público nacional consiguió “mayor vertebración al país” y logró “potenciar el lugar central que en él ocupaba Buenos Aires y su entorno inmediato”. [Torre y Pastoriza 2002: 273].

 

Por todo lo expuesto podemos percibir que la viabilidad del ascenso y cohesión social alcanzaron magnitudes que diferencian claramente la gestión de los dos primeros gobiernos de Perón. Si bien el justicialismo sostuvo medidas promovidas por gobiernos precedentes, la concreción del acceso a los bienes culturales y a todas las interacciones que esos bienes pueden representar, alteraron el “orden” social. Desde la mejora en los consumos familiares en alimentos, indumentaria y artefactos eléctricos de uso doméstico tales como heladeras, planchas o calefones hasta las vacaciones en lugares “privados” de las mayorías (Mar del Plata recibía 65.000 turistas en 1930, contra 1.400.000 en 1955) o desde los chalets del barrio  Juan Perón en los que algunos contaban con un garage cubierto imaginando la adquisición de un automóvil a futuro, hasta la “desafiante apropiación del exclusivo Teatro Colón” [Caimari 2009:41].

En ese sentido el peronismo propuso un cambio social vertiginoso y de movilidad ascendente bajo el largo brazo del Estado en un proceso transformador semejante al de cambio e integración causado por el shock inmigratorio de comienzos del siglo XX. Ambos procesos provocaron reacciones conservadoras: la Argentina vivió un conflicto cultural de malestar y de resistencia de la antigua sociedad que se manifestó horrorizada por la invasión popular de acelerada intensidad. La nostalgia conservadora y la enajenada clase media que siempre aspiroacute a ser “alta”, se convirtieron en segregacioacuten, marcacioacuten de las diferencias, leyendas y comentarios descalificadores sobre el mundo popular y dieron paso al pacto desestabilizador con la pretensioacuten de retroceder a 1942.

Ello resultó imposible porque, como mencionábamos al comienzo de esta presentación, con el peronismo habían surgido de modo avasallante los derechos sociales que afirmaban una ciudadanía solidaria basada en la participación, la redistribución y la inclusión; había mutado “la visibilidad relativa de los grupos” que componían la sociedad argentina y, en definitiva, como resalta Caimari [2009:11-17], “Esos años constituyen un momento clave en la historia de la redistribución del ingreso y, más en general, del gran proceso de “democratización del bienestar”.

Bibliografía

Caimari, Lila 2009. Población y Sociedad, Tomo 4 1930-1960 en Argentina. Mirando hacia dentro. Buenos Aires, Editorial Taurus.

Doyon, Louise 2002. La formación del sindicalismo peronista, tomo VIII en Los Años Peronistas (1943-1955) de Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, Sudamericana.

Hintze, Susana 2006. Exclusión, derechos y políticas sociales La promoción de formas asociativas y trabajo autogestivo en la Argentina (documento presentado en Revista Venezolana de Sociología y Antropología v.16 n.45) http://www2.scielo.org.ve

Perón, Juan Domingo 1958. La fuerza es el derecho de las bestias.

Schetingart, Martha y Broide, Beatriz 1974. Políticas de vivienda de los gobiernos populares para el área de Buenos Aires en Summa, 72. Buenos Aires.

Torrado, Susana 2007. Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad en tomo I Población y Bienestar en la Argentina del Primero al Segundo Centenario. Buenos Aires, EDHASA, 38-50.

Torre, Juan Carlos y Pastoriza, Elisa 2002. La democratización del bienestar en tomo VIII Los Años Peronistas de Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, Sudamericana.

                                                                                                                                                  ___________________________________________________________________

[1] 309 leyes laborales y 109 de seguridad social fueron dictadas entre 1945 y 1955

[2] Los autores se refieren a la instalación de “villas miserias” en relación con otras ciudades latinoamericanas.

 

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